Por Franklin Onésimo Tavárez Sánchez, MAE. /MAM.
La comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una de las herramientas más poderosas para la construcción de ciudadanía, la orientación de la opinión pública y el fortalecimiento de la democracia. Por esa razón, quienes ejercen este oficio —sea desde el periodismo, la fotografía, la radio, la televisión o las plataformas digitales— cargan sobre sus hombros una responsabilidad que trasciende el simple acto de informar. La sociedad nos observa, nos escucha y, en muchos casos, nos toma como referencia. De ahí que cada acción pública de quienes somos percibidos como comunicadores tenga un impacto directo en la credibilidad de todo el sector.
Los recientes episodios de riñas entre personas que hacen uso de los medios y que la sociedad identifica como comunicadores resultan profundamente lamentables. No se trata únicamente de un conflicto personal entre individuos; el problema radica en que estos incidentes terminan proyectando una imagen colectiva negativa sobre todos los que nos dedicamos al ejercicio de la comunicación. Cuando dos personas vinculadas a este ámbito se enfrentan de forma violenta en espacios públicos o en escenarios profesionales, el daño no se limita a ellos: se extiende a todo el gremio, porque en la percepción social muchas veces “todos terminamos en el mismo costal”.
Es cierto que en los últimos años hemos vivido un proceso de democratización del ejercicio comunicacional. Hoy día más personas tienen acceso a herramientas tecnológicas que les permiten informar, opinar y documentar la realidad. Ese fenómeno, en principio, es positivo y ha sido incluso incentivado por organizaciones como el Círculo de Reporteros Gráficos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y otras estructuras que promueven la participación y la integración de nuevos actores en el ecosistema mediático. Sin embargo, la apertura no puede confundirse con ausencia de normas ni con permisividad frente a conductas que lesionan la ética y la convivencia social.
Quien decide integrarse a una organización gremial o ejercer públicamente labores informativas también debe asumir el compromiso de mantener un comportamiento acorde con la responsabilidad que implica ese rol. Cuando un miembro de estas estructuras incurre en actos de violencia, en agresiones públicas o en prácticas que atentan contra la dignidad de las personas, lo correcto es que dichas organizaciones actúen con firmeza. Las sanciones disciplinarias, cuando corresponden, no deben verse como persecución, sino como mecanismos necesarios para preservar la credibilidad institucional y la dignidad del oficio.
A esto se suma otro problema igualmente preocupante: la falta de ética en el manejo de contenidos sensibles. Cada vez es más frecuente observar la difusión irresponsable de imágenes de sangre, de víctimas en situaciones extremas o de niños en estado de vulnerabilidad, todo bajo el argumento de que se está “informando”. Sin embargo, informar no significa violentar la dignidad humana ni convertir el dolor ajeno en espectáculo. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también conlleva límites éticos que protegen la moral, las buenas costumbres y, sobre todo, la integridad de las personas.
Cuando un lente se utiliza para exhibir sin filtros el sufrimiento humano, o cuando un micrófono se emplea para fomentar el conflicto y la confrontación, lo que se produce no es periodismo responsable, sino un deterioro del oficio. Ese tipo de prácticas contribuye a desacreditar la profesión y a sembrar en la sociedad la idea de que todos los comunicadores actuamos de la misma manera, lo cual es profundamente injusto para quienes procuran ejercer esta labor con rigor, respeto y sentido ético.
Por ello, mi humilde “granito de arena” en este debate es una invitación a la reflexión colectiva. El ejercicio de la comunicación necesita más conciencia, más formación y más responsabilidad social. Quienes utilizamos los medios para informar debemos recordar siempre que nuestras acciones públicas hablan no solo de nosotros mismos, sino también de la profesión que representamos. Cuidar la conducta, respetar la dignidad humana y actuar con ética no es una opción: es un deber inherente a la noble tarea de comunicar.
Al final del día, el prestigio de la comunicación social no depende únicamente de las leyes ni de los reglamentos; depende, sobre todo, de la conducta de quienes la ejercen. Y si queremos que la sociedad continúe confiando en nuestra palabra y en nuestras imágenes, debemos demostrar con hechos que la responsabilidad, el respeto y la ética siguen siendo los pilares fundamentales de este oficio.
Franklin Onésimo Tavárez Sánchez
Académico y comunicador.
