Por Franklin Onésimo Tavárez Sánchez
Desde hace un tiempo, en el sistema educativo dominicano se viene observando una situación que merece ser colocada sobre la mesa con responsabilidad: los retrasos en la entrega de los fondos correspondientes al presupuesto de descentralización que reciben los centros educativos. Cuando estos recursos no llegan de manera oportuna y completa, se genera una presión innecesaria sobre los directores, las juntas de centros y los equipos de gestión, precisamente quienes tienen la responsabilidad de garantizar que las escuelas funcionen.
La situación se torna todavía más compleja cuando los desembolsos acumulan períodos de dos, tres o hasta cuatro meses y posteriormente llegan de manera parcial o con retraso. Para una dirección escolar, esto puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, porque las necesidades de los centros educativos no se detienen mientras esperan los recursos. El mantenimiento, las pequeñas reparaciones, los materiales y otras necesidades operativas continúan apareciendo todos los días.
Y aquí debemos detenernos para hablar del rol de los directores y los equipos de gestión. Se les exige planificar, ejecutar, rendir cuentas y mantener funcionando las instituciones, pero esa responsabilidad necesita estar acompañada de los recursos financieros que establece la planificación institucional. No parece razonable exigir resultados administrativos y operativos mientras los instrumentos presupuestarios llegan tarde o de manera incompleta.
En muchos casos, los directores terminan enfrentando situaciones difíciles para evitar que las carencias económicas afecten la cotidianidad de sus centros. Algunos recurren a gestiones extraordinarias, solicitudes de colaboración y, en determinadas circunstancias, incluso a compromisos económicos personales. Esto no debería convertirse en una práctica normalizada dentro de la administración educativa.
Mi granito de arena hoy no pretende desconocer los avances que pueda haber alcanzado el sistema educativo ni cuestionar las intenciones de las autoridades. Tampoco depende de simpatías o diferencias partidarias. Precisamente porque entendemos que la educación es una política de Estado, debemos señalar aquello que puede ser corregido, independientemente de quién gobierne.
El POA, Plan Operativo Anual, establece una programación para todo el año. Si una escuela planifica sus actividades, necesidades y compromisos sobre la base de doce meses, lo coherente es que la disponibilidad de los recursos destinados a esa planificación guarde correspondencia con ese período. No se trata simplemente de entregar dinero: se trata de garantizar condiciones para que la planificación pueda ejecutarse adecuadamente.
Cuando los recursos previstos para un año escolar o fiscal terminan llegando durante ocho o diez meses, o cuando se producen interrupciones prolongadas en los desembolsos, se distorsiona la ejecución de la planificación. Y esa distorsión no solamente afecta al director: también puede repercutir en la junta de centro, el equipo de gestión, el personal docente, los estudiantes y, finalmente, en la calidad de los servicios que ofrece la escuela.
Por eso, considero oportuno hacer un llamado respetuoso a las autoridades centrales del Ministerio de Educación de la República Dominicana para que revisen esta situación y procuren establecer los correctivos necesarios. Si los recursos de descentralización están contemplados en el presupuesto y destinados a los centros educativos, lo ideal es que sean desembolsados oportunamente, de manera regular y conforme a la programación establecida.
No podemos pedirle a los directores que sean excelentes administradores si al mismo tiempo les colocamos obstáculos financieros que escapan de sus posibilidades de solución. La descentralización educativa requiere autonomía, pero también requiere recursos disponibles en el momento en que se necesitan.
Este planteamiento tampoco debe interpretarse como una confrontación con el Gobierno. Al contrario, quienes creemos en la educación pública y en la gestión eficiente tenemos la responsabilidad de señalar las situaciones que pueden mejorar. Un sistema educativo fuerte necesita directores con capacidad de gestión, equipos comprometidos, juntas de centros activas y, sobre todo, una administración central que garantice oportunamente las herramientas financieras necesarias.
El llamado, entonces, es sencillo: que el MINERD cumpla con la programación presupuestaria de los centros educativos y procure que los desembolsos se produzcan mes por mes, a tiempo y de acuerdo con lo planificado. Corregir estos retrasos no solamente beneficiaría a las escuelas; también contribuiría a fortalecer la gestión educativa y a proteger los resultados de las propias políticas impulsadas desde el Gobierno.
Porque al final, cuando los recursos llegan a tiempo, el director puede gestionar mejor; cuando el director gestiona mejor, la escuela funciona mejor; y cuando la escuela funciona mejor, nuestros estudiantes reciben mayores oportunidades.
