Por Humberto Arias///EPC DOMINICANA-MEDIOS
En Santiago.-El reciente caso en que del General Ramírez Guerrero, se ha visto involucrado en suceso tras haber sido asaltado en su residencia por elementos delictivos, no es un caso extraño, ni aislado en el panorama dominicano. En nuestro País desde hace muchos años (desde que tengo uso de razón) el individuo, la familia, es y ha sido responsable de su propia supervivencia.
Al presente, se nos han sumado otras dificultades que asfixian y desequilibran la estabilidad familiar. La corrupción, las drogas, la criminalidad, la injusticia, la inseguridad entre otras, requieren una vez más, que la familia tome sus medidas….El pueblo se ve obligado a defenderse y la familia a proteger sus hijos. El Estado sigue siendo incapaz de preservar y devolver al pueblo el bienestar, la seguridad, la justicia y la paz… que le corresponde aunque para eso pagamos impuestos.
No justifico que hagamos justicia con nuestras propias manos pero debo reconocer, que ni el gobierno elegido, ni el sistema jurídico actual han sido lo suficiente eficaces, imparciales y honestos para que el pueblo sienta confianza y guarde esperanza en una aceptable solución en el futuro.
El caso del General y otros nos demuestran claramente que además de la cisterna , el inversor, las escuelas y clínicas privadas… tendremos también que buscar nuestras propias soluciones y enmiendas contra la delincuencia e inseguridad que nos ahoga. Ya no nos bastan las rejas en el hogar, ni las alarmas… para asegurar la familia.
El pueblo se está cansando de ser su propio gobierno, de pagar impuestos para beneficio de un grupito y de vivir en el desasosiego de la injusticia y la inseguridad.
El Estado tiene el deber de utilizar los recursos de nuestro terruño, para crear un ambiente estable y seguro, que garantice el bienestar de todos. Nos urgen gobernantes que se preocupen en remediar esos viejos y nuevos problemas que nos aquejan en vez de continuar a prostituirse en el poder! Precisamos soluciones urgentes antes de convertir nuestro País en un mercado de malhechores y justicieros.
Nota: El autor es Licenciado en Comunicación Social
