Por Franklin Onésimo Tavárez Sánchez, MAE. /MAM.

En el sistema educativo dominicano, los conflictos laborales deben ser tratados con seriedad, pero también dentro de los canales institucionales correspondientes. El personal de apoyo y administrativo tiene derechos laborales que deben ser respetados, pero igualmente está sujeto a deberes, responsabilidades y normas de conducta propias del servicio público. La Ley 41-08 de Función Pública forma parte del marco jurídico vigente de la Administración Pública, mientras que la Ley General de Educación No. 66-97 y los manuales operativos del MINERD establecen la estructura y organización del sistema educativo. Por tanto, cuando un conflicto entre un servidor y un director comienza a convertirse en un debate público permanente a través de radio, televisión, redes sociales u otros medios, el problema deja de ser exclusivamente laboral y puede convertirse en un problema de gobernabilidad institucional.

El riesgo para el MINERD aparece cuando se permite que los medios de comunicación sustituyan los procedimientos administrativos. Una escuela no puede funcionar adecuadamente si cada diferencia sobre horarios, permisos, ausencias, instrucciones, amonestaciones o asignación de funciones termina convirtiéndose en una confrontación pública entre empleados y directores. Esto puede deteriorar la autoridad legítima del director, generar divisiones dentro del personal, afectar el clima organizacional y, sobre todo, desviar la atención de la misión fundamental del centro: garantizar el servicio educativo. Pero cuidado: esto no significa que un servidor pierda su derecho a reclamar o expresarse por ser empleado público. Significa que el MINERD debe establecer una respuesta institucional que permita distinguir entre el legítimo ejercicio de un derecho y una conducta que pudiera violar deberes funcionales, confidencialidad, respeto, disciplina o afectar el servicio. El Código de Ética del centro educativo forma parte precisamente de ese marco de conducta.

El segundo riesgo es todavía mayor: que el personal de apoyo o administrativo convierta la relación jerárquica en un escenario permanente de pleitos, discusiones y enfrentamientos con directores y equipos de gestión. La autoridad del director no es absoluta, pero tampoco es opcional. El Manual Operativo del Centro Educativo establece una estructura organizativa y líneas de responsabilidad precisamente para que la institución pueda funcionar de manera coordinada. Cuando un empleado desacata instrucciones legítimas, abandona sus funciones, provoca confrontaciones o utiliza reiteradamente espacios públicos para resolver asuntos que deben ser tramitados administrativamente, la situación debe ser documentada y evaluada conforme al régimen disciplinario aplicable. Del mismo modo, si un director utiliza su posición para maltratar, humillar, perseguir o sancionar arbitrariamente, también debe responder por sus actuaciones. La institucionalidad debe proteger a ambas partes.

Por eso considero que el MINERD y las instancias regionales y distritales no deberían esperar a que estos conflictos escalen para intervenir. Cuando existan reiteradas ausencias injustificadas, desacatos, enfrentamientos, denuncias públicas o conflictos entre personal de apoyo y equipos directivos, corresponde activar los mecanismos administrativos existentes, documentar los hechos, escuchar a las partes, determinar responsabilidades y aplicar, cuando proceda, las medidas establecidas por la normativa. La respuesta tampoco puede ser simplemente trasladar el problema de una escuela a otra sin resolver su causa. El traslado, la puesta a disposición u otra acción de personal no deben convertirse en mecanismos para esconder conflictos; deben responder a competencias, procedimientos y necesidades institucionales debidamente fundamentadas. La propia estructura del MINERD contempla mecanismos de gestión y control del personal y una organización jerárquica que debe funcionar coordinadamente.

Mi granito de arena de hoy es un llamado al MINERD, a los directores distritales, a los directores de centros, a los equipos de gestión y al propio personal de apoyo y administrativo. Si permitimos que cada diferencia laboral se convierta en una batalla mediática y que cada instrucción administrativa genere un pleito público, estaremos debilitando la autoridad institucional que necesita la escuela dominicana. Pero si respondemos con silencio ante abusos o arbitrariedades, también estaremos debilitando el sistema. La solución no es censurar al servidor ni permitir el caos: es fortalecer los procedimientos, garantizar el debido proceso, respetar los derechos, exigir el cumplimiento de los deberes y hacer que cada autoridad actúe dentro de sus competencias. Un Ministerio de Educación fuerte no es aquel que tapa los conflictos; es aquel que los enfrenta con la ley en la mano, con evidencias, con imparcialidad y con la firmeza necesaria para preservar el funcionamiento de nuestras escuelas.